Posteado por: unoentremilcristalfm | septiembre 3, 2009

Análisis al proyecto de Ley de Radiodifusión

Análisis del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual realizado por el Decano de la Fac. de Cs. Políticas y RRII, Lic. Fabián Bicciré.

Algunas consideraciones analíticas sobre la  Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”

EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

El Derecho a recibir información constituye uno de los pilares básicos en donde se asienta el funcionamiento de la sociedad democrática. Este derecho está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. Dicho pacto establece el “derecho a recibir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La comunicación como derecho humano incluye el derecho a recibir y transmitir información, quebrando en cierta modo, la linealidad del proceso comunicativo impuesto por el poder de los grandes medios. Para que este derecho sea respetado, es menester, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el público pueda utilizar los elementos de: infraestructura, tecnología, normativos, jurídicos e institucionales necesarios para tal fin.

La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponible”[1]

En la actualidad existe un importante consenso -entre académicos, políticos y periodistas- que la industria cultural y mediática conforman la cultura predominante, y la que más organiza la vida simbólica en nuestras sociedades. En América Latina la gran mayoría de la población se informa y entretiene a través de los medios de comunicación, en especial la Televisión.

Los medios de comunicación son actualmente cruciales en el ejercicio de la libertad de expresión.

En determinados sectores sociales: las computadoras, el uso de internet, la televisión por cable y las antenas parabólicas; constituyen el paisaje cotidiano. Por eso, se habla del auge de las llamadas “Culturas a Domicilio”. Las cuáles han modificado sustancialmente los hábitos y costumbres de los ciudadanos.

Los medios configuran los acontecimientos políticos, sociales y culturales, que la ciudadanía utiliza como significativos marcos de referencia para sus pensamientos y decisiones. Estos dispositivos tecnológicos son esenciales en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática.

La comunicación política mediática es importante en la construcción de la cultura democrática en la actualidad.  Por lo cuál, los medios y su democratización tienen un rol central en todo este proceso, no habrá democracia plena sin una comunicación democrática.

Lo manifestado no implica pensar que el poder de los medios sea omnipotente y omnipresente, ni tampoco que determina en forma mecánica y lineal, las formas de pensar y actuar de los ciudadanos.

Las estrategias de los medios adquieren sentido, articuladas en un proceso complejo de experiencias y prácticas socio-culturales. El ciudadano selecciona, re-interpreta., acepta, rechaza; desde la riqueza y diversidad de los espacios culturales cotidianos: la comunicación interpersonal con su familia, los amigos, los espacios laborales y de recreación. Pero sí es una confirmación cotidiana que los medios y los periodistas: al informar, relatar, comentar, valorar y opinar sobre los procesos políticos y sus protagonistas; se convierten en actores centrales en la construcción de la imagen de la política y la democracia. Sin dudas, que cumplen un rol preponderante en la agenda e instalación de diversas problemáticas en la opinión pública.

De este modo, el complejo universo mediático constituye uno de los principales dispositivos en la construcción de poder en las sociedades actuales. Los medios tienen estrecha vinculaciones con los poderes imperantes en la sociedad (especialmente político y económico), su rol en la construcción del sentido de  los acontecimientos es parte significativa del entramado de poder.

CONCENTRACION Y GRUPOS MEDIÁTICOS

La sociedad Argentina padeció a partir de las políticas neoliberales y de ajuste permanente, implementadas en las últimas décadas del siglo XX, un proceso de descomposición y desintegración que cambió el tejido social de nuestro país. La estructura social se modificó sustancialmente, experimentamos una marcada movilidad social descendente con un retroceso exponencial en la distribución del ingreso, lo cuál, desencadenó una pérdida creciente de la cultura del trabajo y la producción, con enormes contingentes poblacionales en situación de extrema pobreza y exclusión. Este paisaje social es una arena ideal para el surgimiento de patologías sociales (adicciones, prostitución, alcoholismo, delincuencia, etc) de las más diversas.

Por otra parte, se produjo una profunda crisis de representación institucional, una evidente carencia de legitimidad del conjunto de la dirigencia política, sindical y empresarial, y una falta de credibilidad en las Instituciones públicas estatales como: el Parlamento, el Poder Judicial, las Organizaciones Empresariales y Sindicales, las Fuerzas Policiales, etc.

También se fue instalando a través de los años una cultura individualista en importantes sectores de la población, con sus consecuencias de pérdida y resquebrajamiento de los lazos de solidaridad ciudadana.

El libre juego de la oferta y la demanda iba a democratizar la sociedad, y a permitir una mejora en la calidad de vida para todos. El mercado era proclamado como el mejor mecanismo para asignar los recursos en la sociedad. El Estado debía limitarse a garantizar la propiedad, la ley y los contratos. Parecía que todo era intercambiable en el mercado, importantes derechos ciudadanos y bienes públicos, comenzaron a considerarse casi exclusivamente, como parte del juego de la oferta y la demanda en el mercado.

Las democracias actuales que se perfeccionan y profundizan, son el resultado de una combinación compleja y, a veces tensa, pero sumamente enriquecedora de múltiples formas de producción, administración y gestión. En estas formas conviven el Estado, lo público no-estatal (organizaciones del denominado tercer sector) y el mercado. Es importante destacar que el tipo de mercado y Estado construido en la Argentina de aquélla época, estuvo muy lejos de potenciar y desarrollar tales combinaciones. Al contrario, generó y consolidó: una fenomenal concentración de la riqueza, una notable incapacidad del Estado para garantizar bienes esenciales como la salud, educación, seguridad y la justicia; y agudizó geométricamente la exclusión y pobreza en más del 50 % de la población.

“En algunos países de Latinoamérica, el Estado se habría vuelto incapaz de proporcionar los bienes públicos puros (defensa, seguridad, justicia, administración) que remiten a los roles constitucionalmente fijados. La prédica y la práctica antiestatista de cierto neoliberalismo habría arrasado incluso con aquéllas funciones que dentro de su imaginario resultan las únicas legítimas”.[2]

La constitución y entramado de este período histórico brevemente analizado, tuvo  su correlato estructural en el sistema mediático y las denominadas industrias culturales.

El mencionado proceso tuvo una clara manifestación en el mundo de las comunicaciones, la cultura y los medios. Cada día se produce una mayor expansión, concentración y centralización de grandes corporaciones transnacionales de la comunicación. De esta manera, tenemos mercados muy concentrados, conformados por un extenso circuito de empresas de medios de comunicación, que tienen entre sí alianzas estratégicas y propiedades cruzadas. Los grandes grupos de multimedios tienden a diversificar sus inversiones en distintos ámbitos: productoras de programas, agencias de noticias y publicidad, estaciones de radio y televisión, televisión satelital y por cable, productoras cinematográficas, diversas publicaciones: diarios, revistas y libros, parques de diversiones, negocios electrónicos, imprentas y servicios financieros

La Propuesta de Ley “Servicios de Comunicación audiovisual” establece contundentes disposiciones para revertir dichas manifestaciones concentradoras. “Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.

El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro.

Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 38, 39 y concordantes de la presente ley”.[3]

La concentración fenomenal del sistema comunicativo en la Argentina, limita y condiciona profundamente: el Derecho a la Información, a una concepción de la comunicación más plural y participativa, a la libertad de expresión, al pluralismo informativo, a la multiplicidad de las fuentes de información, y a las distintas manifestaciones de las diversidades culturales y sociales del sistema a nivel regional y nacional.

En la tarea de impulsar políticas públicas activas para modificar esta tendencia, los Organismos de Aplicación serán fundamentales:

“-Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación.

-Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y / o abuso de posición dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con competencia en la materia”.[4]

La implementación del modelo comercial-lucrativo de las comunicaciones en forma casi exclusiva, genera que las corporaciones mediáticas transnacionales traten a las audiencias como clientes-consumidores, no existe para estos grupos concentrados la dimensión ciudadana en el proceso comunicativo. Los productos de los medios son creados para servir exclusivamente a los objetivos del mercado.

Con este sistema y lógica comercial de medios de naturaleza excluyente, tienden a desaparecer del esquema mediático, la mayor parte de los contenidos que apelan al análisis reflexivo y crítico de las noticias complejas, como los comentarios profundos de los asuntos públicos y las discusiones y documentales.

“La primera premisa a considerar radica en el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos sobre la Presencia de Monopolios U Oligopolios en la Comunicación Social y en el Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría Especial, apartado D, conclusiones, las cuáles señalan:

“D. Conclusiones

La Relatoría reitera que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática”.[5]

También dichas prácticas concentradoras causan erosiones en las culturas locales (atentan contra las producciones propias, regionales y la diversidad cultural) y en el espacio público democrático. Los medios configuran una realidad basada en la cultura efímera, ligera, frívola, donde la inmediatez y el presente continuo son lo único que importa. Todo este modelo cultural expresado en el entramado mediático, desencadena una cierta apatía y pasividad en los ciudadanos hacia la vida pública, falta de participación en los asuntos públicos, y en el análisis y selección de los representantes de la vida política.

Es decir, todo este proceso cultural y político-ideológico, limita nítidamente el funcionamiento pleno de la democracia.

La comunicación y los bienes culturales no deben reducirse al concepto de meras mercancías intercambiables en el mercado.

La propuesta de Ley del Poder Ejecutivo Nacional de “Servicios de Comunicación Audiovisual” (PSCA), considera a la comunicación y a los productos culturales, como bienes públicos y sociales a los que todos los ciudadanos tienen derecho. Es una propuesta legislativa que está constituida sobre la base de desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios. En todo su planteo se reafirma la importancia para la conformación de un sistema mediático democrático de: la pluralidad de voces, la diversidad sociocultural y la universalización del acceso a los medios. El concepto de “ciudadanía comunicativa” se pone en vigencia, el derecho de todo ser humano de apropiarse y crear bienes culturales, y de participar plenamente en todo el proceso comunicativo.

“La definición de Comunicación Audiovisual está planteada recogiendo las preocupaciones a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC, donde se ha exigido que los servicios históricos de radiodifusión sonora y televisiva, así como la actividad de la televisión a demanda, la definición de la publicidad y productora, por sus características y consecuencias en virtud de las cuáles se las incluye, entre las que se alinean los servicios audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el marco de la Ronda de negociación relativa al AGCS. En el mismo orden de ideas, en tanto nuestro país ha ratificado la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales, donde se afirma, en particular, “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como sí solo tuvieran un valor comercial”, dichas circunstancias toman un valor preponderante”.[6]

POLÍTICAS PUBLICAS DE COMUNICACIÓN

ROL DEL ESTADO

La etapa histórica requiere volver a reconstituir al Estado. Es imprescindible recuperar un nuevo rol para el mismo, no un Estado centralista, clientelista y de  ineficacia burocrática. Pero mucho menos, un Estado ausente o garante de los sectores concentrados y de los grandes grupos del poder económico. Un Estado árbitro, mediador, fuerte, eficiente y promotor del desarrollo económico, social, cultural y regional; que articule políticas de mediano y largo alcance con las diversas instituciones de la sociedad civil.

La sociedad actual se caracteriza por su complejidad y diversidad. En el interior del cuerpo social existen numerosas demandas de organizaciones públicas y privadas, tales requerimientos son de muy variada calidad y cantidad. Los distintos actores que intervienen en la vida social – público-estatal, público no-estatal o social, y privado – se interesan en la solución de los problemas de orden público.

Las organizaciones intermedias de la sociedad civil cada día más se incorporan en la puesta en práctica de políticas públicas. La democracia es condición esencial de esta forma de concebir las políticas públicas. La riqueza y multiplicidad de actores, amerita la construcción de consensos, el respecto al pluralismo y acciones públicas socialmente concertadas. La mediación política y el nuevo rol del Estado tienen un carácter decisivo en la articulación social y política de los programas de políticas públicas. La política como dispositivo de mediación y articulación en la formulación de programas sólidos y sustentables. El Estado auténticamente democrático, entonces, debe aspirar a crear los canales necesarios, que promuevan la mayor participación posible de los grupos sociales en la constitución de la agenda pública. Es necesaria su intermediación como instancia institucional para lograr una distribución más equitativa del poder. A su vez, la puesta en práctica de diversos aspectos de la agenda pública, demanda en una sociedad democrática acciones sociales  concertadas. Por lo tanto, la gobernabilidad de los procesos políticos y sociales, se torna en una premisa insoslayable de gobiernos democráticos.

El Estado y la sociedad argentina necesitan una discusión seria y profunda, sobre políticas públicas de comunicación y cultura, así lo reclaman, la importancia que revisten estas temáticas en las sociedades contemporáneas.

La democracia tiene una enorme asignatura pendiente en la materia, aún sigue vigente la Ley de Radiodifusión 22.285 de la última dictadura militar. Legislación que como no podría ser de otra manera, configura un pensamiento claramente autoritario, despótico y restrictivo, producto de una etapa dictatorial de nuestro país, es una ley de radiodifusión inspirada en la tristemente famosa doctrina de la seguridad nacional. En los aspectos tecnológicos es una ley absolutamente caduca y anacrónica.

Los distintos gobiernos desde la apertura democrática en 1983, plantearon cambios y reformas parciales, que mayoritariamente beneficiaron a los grandes grupos concentrados del universo comunicacional argentino. Los proyectos que planteaban una modificación más integral del sistema no prosperaron. Los intereses económicos y políticos que prevalecieron, impidieron una política integral, y una legislación nueva y democrática en función de intereses públicos.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

UN COMPLEJO UNIVERSO

En este tiempo histórico, es imprescindible pensar en políticas integrales de comunicación, donde la informática, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la comunicación digital, satelital y la industria editorial; estén estrechamente vinculadas y no aisladas como si fueran dimensiones independientes sin conexión alguna. Es decir,  imaginar un amplio universo de medios y tecnologías. Pensar estratégicamente el mundo de las comunicaciones y la información, constituye una de las áreas medulares para el desarrollo futuro de nuestra sociedad.

La propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ( PSCA), contempla este amplio universo de medios y dispositivos tecnológicos.

Por consiguiente, no es casualidad la denominación de “Servicios de Comunicación Audiovisual”. La propuesta establece claramente la importancia de la llamada “Sociedad de la Información” en los tiempos históricos actuales.

“Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. Gracias a la capacidad de las TIC para reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, por primera vez en la historia se puede utilizar el vasto potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo”[7]

La comunicación y la información constituyen factores cruciales en la “sociedad del conocimiento”.[8]

La PSCA recupera e integra en forma estratégica en toda su arquitectura legal a los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación (Iniciativa ciudadana. Coalición por una Radiodifusión Democrática), propuesta que postula entre algunos de sus aspectos, los siguientes enunciados: la comunicación es un derecho humano fundamental; la problemática de la comunicación es un tema del conjunto de la ciudadanía; una nueva legislación en la materia debe garantizar el pluralismo informativo y cultural, sin exclusión de ningún sector; y reclama por la necesidad de medios públicos fuertes no-gubernamentales y al servicio de todos los ciudadanos.

Es  un proyecto que fundamenta cada uno de sus artículos con Notas al pie de página, que constituyen sólidas reflexiones sobre la temática, citando jurisprudencia internacional de distintos países del mundo.

Es destacable la recuperación de aspectos legislativos que tienden a desconcentrar y desmonopolizar el sistema. De esta manera, hay numerosas apelaciones a legislaciones de Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España, Australia, India e Inglaterra y otros países de la Unión Europea.

También es constante la mención a los distintos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

La planeación de políticas de Estado puede ser un horizonte estratégico en la materia, que requerirá un fuerte compromiso político y social de los gobiernos y la sociedad civil. Será sustancial crear las suficientes capacidades institucionales y organizacionales para hacer sostenibles las políticas a lo largo del tiempo. Estas tareas demandarán cuantiosos esfuerzos y recursos, hay que ser concientes, que un cambio profundo y estructural del sistema comunicacional, será un proceso de muy largo aliento. El juego implica actores que han alcanzado un enorme nivel de concentración, centralización y poder. El conjunto de estos elementos condicionan cualquier proceso de modificación estructural, pero si aspiramos a profundizar la democracia y dotarla de mayor calidad y densidad institucional, la obra es impostergable para el diseño del futuro.

Los ciudadanos en este momento histórico necesitamos de una comunicación audiovisual plural y democrática, la comunicación mediática no puede quedar únicamente en manos de las grandes corporaciones.

En este sentido , el Estado deberá jugar un papel dinámico y activo. Un Estado promotor en la construcción y fortalecimiento de un sistema de  medios de comunicación donde puedan expresarse múltiples voces y actores. El Estado tendrá que promover políticas que incorporen la diversidad cultural, política y social del tejido societario. Un Estado que garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de información para todos los ciudadanos. Las políticas públicas de comunicación deben incorporar a la ciudadanía en todo el proceso comunicativo, es decir,  la producción, la recepción y la distribución de los bienes o productos culturales.

Es necesario construir una comunicación audiovisual auténticamente plural, que garantice diversidad de perspectivas: sociales, políticas, culturales y regionales. Un escenario comunicacional donde los servicios de comunicación puedan ser prestados por: asociaciones públicas y sociales sin fines de lucro, empresas comerciales y medios estatales públicos no-gubernamentales. En estos últimos, es imprescindible, construir una política nacional de medios públicos, libre e independiente de las reglas y las lógicas del mercado.

Como dice Ricardo Horvath. “Y si la información es el nuevo capital social, lo que hay que reclamar es compartirlo, distribuirlo equitativamente. Y en caso negativo, propone, apropiarse de la información. Quizás esta sea la utopía del siglo XXI”.

SISTEMAS Y FORMAS DE PROPIEDAD

ACERCA DE LAS LICENCIAS

Es fundamental que la nueva legislación tenga en cuenta que las frecuencias radioeléctricas nos pertenecen a todos, son patrimonio de la comunidad, teniendo el Estado un rol crucial en la administración de las mismas. De este modo, el Estado podrá administrarla con un criterio amplio, participativo y plural. Se debe garantizar la diversidad de actores en el sistema, ampliar las voces, promoviendo la gestión pública y social de emisoras de radio y televisión. La ley debe contemplar a los sectores históricamente ausentes con el propósito de democratizar el espectro comunicacional.

“La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, deberá observar al momento de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, las siguientes pautas y realizar las siguientes reservas de frecuencias:

El Treinta y tres por ciento (33) de las localizaciones planificadas, para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.[9]

Los Organismos vinculados a la aplicación y control de la legislación, deben generar mecanismos para un amplio acceso a las frecuencias de radio y televisión, así podrán participar más activamente como actores del sistema: Organizaciones Comunitarias, Universidades, Movimientos Originarios, Grupos étnicos y religiosos, Sindicatos, Organizaciones No-Gubernamentales, Cooperativas, etc.

El Proyecto contempla plenamente estos conceptos, por lo que propone la existencia básicamente de 3 (tres) tipos de prestadores: Gestión Estatal, Gestión Privada con fines de Lucro y Gestión Privada sin fines de lucro.[10]

A partir de las consideraciones mencionadas se distingue, especialmente, como la Propuesta (PSCA), supervisa, regula, controla y establece nítidos límites en el otorgamiento de licencias con un fuerte sentido plural y con una clara tendencia a desconcentrar el sistema.

Las licencias correspondientes a los servicios de radiodifusión no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el régimen de concurso abierto y permanente.

Para las convocatorias se deberán adoptar criterios flexibles que permitan la optimización del recurso por aplicación de nuevas tecnologías con el objeto de facilitar la incorporación de nuevos participantes en la actividad”.[11]

En cuanto a la duración y prórroga de las licencias existen límites razonables, acordes a los tiempos comunicacionales, empresariales y tecnológicos, propios a la naturaleza de la actividad de los servicios de comunicación audiovisual.

“Las licencias se otorgarán por un período de Diez (10) años a contar desde la fecha de la Resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que autoriza el inicio de las emisiones regulares”.[12]

“Las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por idéntico plazo, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia”.[13]

El tema de la cantidad de licencias que puede tener una persona física y/ o jurídica o grupos de individuos, es un aspecto muy controvertible y de enorme debate en los ámbitos políticos y legislativos de la comunicación y los medios, tanto a nivel nacional como internacional. El PSCA postula un criterio atinado dado el tipo de actividad y apelando a numerosas experiencias de países avanzados en la materia.

Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos. Las licencias de T.V. paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado. Se exigirá a los medios que mantengan una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario, como la ordenada por la FCC de los Estados Unidos. Se regularán las señales de T.V.. Se prevé que las responsabilidades sean asumidas por los titulares de los contenidos y no de quienes sólo prestan facilidades de acceso. Desde el punto de vista de los avances tecnológicos se justifica dada la aparición de nuevos actores en la cadena de valor.

Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias. Se adoptarán medidas para la desconcentración de la explotación monopólica de derechos de exhibición tal como existen en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se restringirá la propiedad conjunta de licencias de TV y empresas productoras de señales de contenido”.[14]

PRESTADORES Y DESARROLLO DE LA  INDUSTRIA CULTURAL NACIONAL

Un artículo crucial en el desarrollo de la Industria Cultural Nacional, es el artículo N° 56, algunos de sus principales aspectos se detallan a continuación

“Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión deberán cumplir con las siguientes pautas respecto al contenido de su programación diaria:

1) Los servicios de radiodifusión sonora:

Privados:

-Deberán emitir un mínimo de setenta por ciento (70%) de producción nacional.

-Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de autores o interpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate por cada media jornada de transmisión.

-Deberán emitir un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de producción propia que incluya noticieros o informativos locales.

Las emisoras de titularidad de Estados Provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios y Universidades Nacionales:

-Deberán emitir un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de producción local y propia, que incluya noticieros o informativos locales.

-Deberán emitir un mínimo del veinte por ciento (20%) del total de la programación para difusión de contenidos educativos, culturales y de bien público.

-Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado deberá difundir como mínimo cincuenta por ciento (50%) de producción propia y un veinte por ciento (20%) de producciones independientes en todos los medios a su cargo. (Artículo 107. Pg: 131).

2) Los servicios de radiodifusión televisiva abierta:

-Deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción nacional.

-Deberá emitir un mínimo del treinta por ciento (30%) de producción propia que incluya informativos locales

-Deberá emitir un mínimo del diez por ciento (10%) de producción local independiente
3) Los servicios de televisión por suscripción de recepción fija:

-Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado y todas las emisoras y señales públicas del Estado Nacional.

-Los servicios de televisión por suscripción no satelital, deberán incluir como mínimo una (1) señal de producción local propia que satisfaga las mismas condiciones que esta ley establece para las emisiones de televisión abierta, por cada licencia o área jurisdiccional que autorice el tendido.

-Los servicios de televisión por suscripción deberán incluir en su grilla de canales un mínimo de señales de origen nacional y de países del MERCOSUR que determine la Autoridad de Aplicación teniendo en consideración aquellas señales inscriptas en el registro previsto de esta ley. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá las condiciones pertinentes en la materia objeto de este artículo para el servicio de televisión móvil.”[15]

Los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción a título oneroso, deberán disponer de una tarifa social implementada en las condiciones que fije la reglamentación, previa audiencia pública y mediante un proceso de elaboración participativa de normas”.[16]

UN NUEVO CONCEPTO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

Entre los objetivos centrales de una política pública de comunicación y, particularmente,  de una nueva cultura de uso de los medios públicos, se encuentra el de promover la información necesaria sobre el país y sus regiones. Las formas de expresión, los géneros y formatos culturales, pueden ser de muy variadas características. A través de noticieros, documentales, deportes, humor y toda la gama de posibilidades, por medio de distintos soportes comunicacionales. Lo importante es reinformarnos sobre: nuestros recursos, diferentes formas de vida social y cultura, historias, trabajos, tradiciones, valores, expresiones artísticas, geografías y aspiraciones de futuro. El país a pesar de la grave crisis que generó la implantación de políticas neo-liberales durante más de treinta años, sigue teniendo un capital humano y social significativo. Este capital hay que promoverlo, apoyarlo y desarrollarlo en el tiempo. Por otra parte, los medios públicos deben ser un canal de expresión e información sobre lo que acontece en el mundo, contado y narrado desde aquí.

Es una tarea ineludible del Estado y la sociedad, construir políticas públicas que tiendan a democratizar las comunicaciones, que faciliten particularmente en el interior del país – donde la escasez de opciones limita el derecho a la comunicación – el fortalecimiento de los medios públicos y la difusión de las producciones culturales, artísticas y educativas nacionales, regionales y locales. De este modo, se contribuirá en forma concreta a la reconstrucción de un sentido de identidad cultural en cada una de las regiones.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, deberá observar al momento de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, las siguientes pautas y realizar las siguientes reservas de frecuencias:

-Para el Estado Nacional: las frecuencias asignadas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), sus repetidoras operativas, y las repetidoras necesarias a fin de cubrir todo el territorio nacional.

Para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una (1) estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM), una (1) estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) y una (1) estación de televisión abierta, con más las repetidoras necesarias a fin de cubrir todo el territorio propio.

-Para cada Estado Municipal una (1) estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM)”.[17]

MEDIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

PARTICULARIDADES

En el contexto de los medios públicos el proyecto contiene un profundo reconocimiento a los medios de comunicación universitarios.

En el plan técnico de frecuencias está explícitamente manifestado:

“En cada localización donde esté la sede central de una Universidad Nacional, Una (1) estación de televisión abierta, una (1) frecuencia para emisoras de radiodifusión sonora. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar mediante resolución fundada la operación de frecuencias adicionales para fines educativos, científicos, culturales o de investigación que soliciten las Universidades Nacionales”.[18]

“Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión

La Autoridad de Aplicación otorgará en forma directa la correspondiente autorización”.[19]

En la actual sociedad del conocimiento la Educación Superior se posiciona como una instancia estrechamente vinculada al crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y la igualdad social, incentivando los lazos de solidaridad y el derecho de los ciudadanos a la diversidad cultural; “atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en la defensa de la diversidad cultural. Esta es un área que para ser llevada a cabo con éxito, exige cooperación intergubernamental, por ejemplo, entre los Ministros de Educación, responsables de educación superior y tecnología y responsables de la cultura de las áreas sociales. La extensión incluye un amplio campo de prestación de servicios y sus destinatarios pueden ser muy variados: grupos sociales populares y sus organizaciones, movimientos sociales, comunidades locales y regionales, gobiernos locales, el sector público y el sector privado”.[20]

Cada día más la Educación Superior en todo el mundo se involucra en las problemáticas de la sociedad. Entre éstas, se pueden enunciar algunas importantes: los procesos de producción cultural, las mejores en el funcionamiento del Estado, la innovación tecnológica, la acumulación económica, la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades, la configuración de ciudadanía plena y la profundización de la Democracia.

“La Universidad no sólo produce los conocimientos técnicos y científicos necesarios para el desarrollo del país: sobre todo debe producir saberes necesarios para una construcción democrática, más justa y equitativa; debe inventar saberes que no estén condicionados por los códigos del lucro; debe reconstruir su identidad necesaria para nuestras sociedades desprotegidas de individualistas posesivos que niegan el valor de la cultura porque no cotiza en la bolsa de valores. Si la Universidad es considerada un elemento del mercado, no hay espacio para la crítica. Tenemos que recrear democracias de alta intensidad. Sólo que una democracia de alta intensidad no se hace sin demócratas de alta intensidad” (2001:3). Boaventura Dos Santos”.[21]

Las políticas de extensión conforman una de las funciones más importantes de la gestión en el ámbito de la Educación Superior. El uso de los Medios de Comunicación Universitarios tienen un rol trascendente en la interacción de la Universidad con el medio social.

“Las emisoras universitarias deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultura.

Las radios universitarias deberán incluir en su programación un mínimo del sesenta por ciento (60 %) de producción propia”.[22]

Una de las tareas imperiosas es lograr que el sistema de medios públicos pueda emitir  programación en todo el territorio nacional, así entrarían en vigencia los derechos a la libre expresión de las ideas y el acceso a una información básica al conjunto de la ciudadanía.

La tarea diagnóstica en este sentido es crucial, particularmente, en un país de las enormes dimensiones geográficas como la Argentina.

“El Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado podrá contratar a terceros para la realización de tareas de consultorías o estudios especiales, seleccionando en forma prioritaria a las Universidades Nacionales”.[23]

En muchos lugares del país no existen canales de televisión por aire, y hay regiones donde se recibe sólo una señal. En muchas zonas de frontera se ven los canales de televisión de los países fronterizos. Los sectores sociales de mayores ingresos, especialmente en las zonas del interior del país, pueden acceder a la televisión por cable y satelital, obteniendo una variada programación en distintos formatos y géneros. Pero en el contexto de crisis socio-económica de la Argentina, más de la mitad de los habitantes, se encuentran restringidos a una oferta única en el consumo cultural mediático de televisión gratuita. O peor aún, al no llegar los canales por aire, el consumo de televisión gratuita es en realidad inexistente.

CONTENIDOS

EL SENTIDO DE LOS BIENES CULTURALES

Uno de los propósitos fundamentales de una política pública de comunicación, debe ser el de crear las condiciones – como lo planteamos en el punto anterior“ – para que existan en el sistema comunicacional un amplio espectro de actores. La heterogeneidad de actores (social, cultural, económica, regional, etc) es la más conveniente política para diversificar los contenidos y plasmar efectivamente la existencia de distintas opiniones en el sistema.

El Estado debe promover políticas que regulen la inclusión en el sistema de personas con capacidades diferentes. Una ecología de medios de naturaleza inclusiva debe contemplar al conjunto de los ciudadanos.[24]

Un sector sumamente importante a considerar es el segmento de los niños y los adolescentes. Las nuevas generaciones constituyen su personalidad con una fuerte impronta de los contenidos y formatos de los dispositivos tecnológicos.

La reglamentación determinará la existencia de una cantidad mínima de horas de producción y transmisión de material audiovisual específico para niños y niñas en todos los canales de televisión abierta, cuyo origen sea como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de producción nacional y establecerá las condiciones para la inserción de una advertencia explícita previa cuando por necesidad de brindar información a la audiencia ( noticieros / flashes) pueden vulnerarse los principios de protección al menor en horarios no reservados para un público adulto”.[25]

Una legislación en materia de Servicios de Comunicación Audiovisual – para garantizar efectivamente el Derecho Universal a la Comunicación – debe contemplar el acceso masivo a ciertos contenidos de interés relevante para el ciudadano, cualquiera sea su condición socio-económica, cultural, étnica y su ubicación geográfica.

Los Artículo N° 65, 66, 67 y 68 son un ejemplo cabal de la filosofía comunicacional enunciada anteriormente.

“La presente ley tiene por objeto crear las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso universal – a través de los medios de comunicación audiovisuales o sonoros – a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.[26]

Un sistema de comunicación social plural y democrático se verifica en la promoción y amplitud de voces. Los contenidos del espectro comunicacional pueden estar conformados por una variada programación, con aspectos: informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, haciendo lugar a manifestaciones con profundo sentido nacional y regional.

Existe un significativo número de artistas locales, productores culturales y comunicadores independientes, que hacen festivales, talleres, videos, cine y largometrajes, cuyas formas de financiamiento son por medio de fundaciones, universidades y productoras independientes. La falta de recursos impide que sus producciones lleguen a plasmarse en los medios masivos de comunicación El Estado – especialmente a través de sus medios públicos – debe propiciar los espacios adecuados para que tales manifestaciones puedan expresarse.

En la propuesta analizada se plantea una política clara en este aspecto, así lo certifican los objetivos y misiones del organismo Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.[27]

“Los mejores artistas residentes en la Argentina, en todas las disciplinas, del tango al teatro, de la danza al folklore, de los cómicos a los charlistas, de la música clásica a …La mayoría obviamente, desconocidos salvo para minorías específicas, pese a sus notables condiciones. Decía que para ponerlos dignamente en pantalla no es preciso contar con una gran presupuesto porque ninguno de ellos tiene muchas pretensiones económicas, como es obvio. La única condición – vaya condición!!- es que prime un criterio de calidad, que no quepan ni las trenzas políticas, ni el acomodo ni el amiguismo y tampoco la corrupción”.[28]

Es importante volver a recuperar el concepto de proteger los derechos de producción, comunicación y consumo de las distintas producciones culturales, locales, nacionales y regionales. Por otra parte, incentivar las realizaciones independientes, a través de asesoramiento técnico y facilidades crediticias para la producción propia.

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, deberá adoptar medidas destinadas a promover la conformación de conglomerados de propiedad mixta de producción de contenidos audiovisuales nacionales para todos los formatos y soportes”.[29

También es otra forma de apuntalar las producciones locales, regionales y nacionales, la fijación de cuotas mínimas de:  tiempo de pantalla, emisión de  radio, y de otros bienes culturales nacionales y latinoamericanos.

“Los servicios de radiodifusión que emitan señales de televisión deberán cumplir la siguiente cuota de pantalla en beneficio de las películas:

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta o por suscripción deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, seis (6) películas, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta dos (2) telefilmes, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje.”[30]

ORGANOS DE APLICACIÓN Y CONTROL

ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Es sumamente importante que las autoridades y los órganos de control del sistema, tenga una clara composición diversa en lo político, económico, social y regional. Debe darse un papel sustantivo a los distintos estamentos de la sociedad civil, y es fundamental, que en su composición se manifieste la diversidad regional de la Argentina en toda su dimensión geográfica.

La PSCA del PEN. propone la creación como autoridad de aplicación de la ley a la “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”. La integración de dicho organismo es de naturaleza diversa y plural: será ejercida por un Directorio integrado por 5 (cinco) miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 2 (dos)  de ellos a propuesta de la “Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual”. “Los Directores correspondientes a la  referida Comisión Bicameral, serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, 1 (uno) en representación de la segunda minoría y el restante en representación de la tercera minoría. El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo Nacional.[31]

La Comisión tendrá funciones de contralor, seguimiento y podrá realizar propuestas que mejoren el funcionamiento integral del sistema.

La nueva propuesta de ley contempla la creación del “Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”, cuya integración es plural en términos políticos, sociales, profesionales y académicos. Habrá representantes de las provincias; las entidades de prestadores privados de origen comercial; los organismos que agrupan a los prestadores sin fines de lucro; representantes de las emisoras Universitarias y de las carreras de Comunicación Social; representantes de los medios públicos de todos los niveles y representantes de los trabajadores de los medios de comunicación.[32]

En los tiempos actuales los medios de comunicación tienen una importancia sustancial en la formación de los niños y jóvenes, conforman un escenario crucial en la constitución de las subjetividades culturales. La conformación de un “Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia” es un hecho trascendente del anteproyecto de ley. Su constitución será multidisciplinaria y pluralista, integrado por personas y organizaciones sociales de reconocida trayectoria, y también por representantes de niños, niñas y adolescentes.[33]

En cuanto a los medios públicos estos Organismos también se conformarían de un modo amplio y plural. El Poder Ejecutivo y el gobierno de turno tendrían injerencia y representación en dichos estamentos, pero es crucial que se contemple la presencia de distintas organizaciones de la sociedad civil. De este modo, los espacios de administración de los medios públicos, serían un escenario con posibilidades de desarrollar Políticas de Estado más allá de las coyunturas políticas.

“El proyecto de “Servicios de Comunicación Audiovisual” propone la creación de un “Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos”, integrado por representantes de distintos estamentos: Facultades y carreras de Comunicación Social o Audiovisual o periodismo de Universidades Nacionales; Sindicatos con personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la designación; Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de públicos o audiencias; Gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Consejo Federal de Educación; y Entidades u organizaciones de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental”.[34]

Sería útil diferenciar los espacios de dirección en instancias consultivas y ejecutivas, no deben ser excluyentes las prácticas democráticas y participativas, con las formas eficientes y operativas.

Un objetivo central es la independencia de los medios públicos. Estos medios deben aspirar a niveles importantes de autonomía del gobierno de turno. El Directorio puede estar integrado por personas provenientes del abanico amplio de la sociedad civil vinculada a la comunicación, y los gobiernos provinciales deben estar representados como expresión política federal. El Congreso no puede ser ajeno a la formulación y lineamientos estratégicos de los medios públicos. La presidencia del Directorio puede ser una atribución del poder ejecutivo. Lo fundamental es la función de establecer los objetivos centrales de las políticas y un plan de acción, que las autoridades de los medios públicos deben ejecutar y rendir cuentas sobre su implementación.

El PSCA establece que la dirección y administración de “Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado estará a cargo de un Directorio integrado por un (1) Presidente y cuatro (4) Directores. Los integrantes del Directorio serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) de ellos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la Comunicación Audiovisual Los Directores correspondientes a la referida Comisión Bicameral serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, uno (1) en representación de la segunda minoría y el restante en representación de la tercera minoría”.[35]

En cuanto a las funciones y obligaciones del Directorio es significativo destacar el contenido democrático, transparente y transformador que establece dicho Organismo, en especial considerando la historia y escasa definición democrática de los estamentos directivos de los medios públicos en la Argentina.[36]

El control en la gestión es un factor significativo a considerar. En un sistema democrático esta tarea puede ser encargada a los órganos legislativos, y también pensar en mecanismos de control ciudadanos. La creación de la figura del Defensor del público puede servir a este propósito.

El anteproyecto propone la creación de la “Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”, cuya misión central será atender las demandas, reclamos, propuestas y todo tipo de consultas de la ciudadanía.[37]

En relación a los medios públicos puede ser interesante la creación de un Foro en Defensa de los mismos, integrado por Organizaciones sociales y públicas de variadas características.

En un país de una geografía tan extensa como la Argentina, y apelando a un federalismo real y manifiesto, un elemento a considerar pueden ser los Consejos Regionales, que pueden aportar ideas y proyectos para marcar la presencia de la diversidad regional y el pluralismo cultural.

LA CUESTIÓN TECNOLÓGICA

NUEVAS FORMAS DE CONFIGURAR SENTIDOS

En el tiempo histórico que vivimos hablar de políticas y legislación en comunicación, y omitir el tema de los adelantos técnicos y la convergencia tecnológica, sería no sólo utópico y ahistórico, sino absurdo, anacrónico y reaccionario. Es necesario pensar en el desarrollo tecnológico y en su influencia en las formas de las relaciones sociales y culturales. Las llamadas Tecnologías de la Comunicación y la Información (TICS) generan nuevas formas de configuración de las relaciones humanas, modifican los modos de percepción y cognición de las personas, es decir, están muy lejos de ser meros instrumentos técnicos. Por supuesto, que es imprescindible apropiarse de estas tecnologías desde nuestra realidad histórica y cultural, y enmarcarlas en una política de para qué y porqué usarlas.

“El concepto de medios de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a la convergencia, la interoperabilidad y la mundialización; sin embargo, la convergencia tecnológica y el aumento de los servicios a través de internet, los medios digitales, por satélite, por cable y otros medios no deben tener como resultado una “Convergencia” de contenidos; los aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de la propiedad o los servicios”[38]

Es importante desarrollar el concepto de tecnologías “apropiadas” a nuestro contexto histórico y necesidades socio-culturales y económicas. En este marco es imprescindible pensar en políticas integrales de comunicación donde: la informática, las telecomunicaciones, la radiodifusión, internet, los bancos de datos, la fibra óptica y la convergencia tecnológica, estén estrechamente vinculadas y no aisladas como si fueran dimensiones independientes sin conexión alguna.

El proceso de transición del sistema analógico al digital, es una dimensión medular para el desarrollo de Política Públicas y Democráticas de Comunicación.

“La Declaración sobre Diversidad en la Radiodifusión de 2007 de la Relatoría de Libertad de Expresión sostiene:

– Como la digitalización multiplica la capacidad de canales disponibles en números del 5 a 10, el mayor punto de preocupación desde una perspectiva de la competencia debe ser transformar este medio ambiente multicarrier en una verdaderamente más ancha opción para los usuarios. Esto implica que el mayor objetivo de las políticas de competencia en el área es el mantenimiento, o creación, de un nivel de campo de juego durante la transición. En pocas palabras, la digitalización debe llevarnos a más actores en el mercado y no menos. No debe llevar a los actores tradicionales, en muchas instancias ya muy poderosos, a usar los nuevos canales para reforzar su situación aún más, en detrimento de los entrantes a los mercados y los nuevos medios que están desarrollando tales como los nuevos proveedores con base en Internet. Tampoco debe llevar a actores poderosos en los mercados aledaños a elevar sus posiciones dominantes indebidamente ni los recientemente en desarrollo mercado de los medios. Durante la transición nosotros debemos fortalecer el pluralismo y las estructuras pro competitivas”.[39]

El tema de la digitalización se torna claramente significativo para pensar en materia de política y legislación en comunicación y radiodifusión. “Hace pocos días, el investigador Guillermo Mastrini advirtió que la futura ley podría tornarse anacrónica si no prevé la transformación que provocará la digitalización. “La nueva ley debe hablar de radio y televisión digital – planteó Martín Becerra, doctor en comunicación, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes -. La digitalización va a multiplicar por cuatro o cinco la actual cantidad de canales de TV abierta. Si el debate se enclaustra en la cuestión técnica, en si hay que tomar la norma de TV digital europea o la norteamericana, la ley va a quedar obsoleta rápidamente. Y el riesgo es que se descuide quién se va a quedar con las licencias. Hay que trabajar sobre los criterios de concesión. ¿Van a se canales gratuitos o de pago?. Yo creo que deben ser gratuitos. El 90 % del territorio de Argentina tiene uno o dos canales de TV abierta, entonces lo que falta es más televisión gratuita. Como está planteada ahora la discusión entre el Grupo Clarín y el Gobierno, parece que para uno se van a vulnerar derechos adquiridos y para el otro, se va a ampliar el derecho a la información. Y no es así. El escenario que abre lo digital permite licuar ese problema. El gobierno podría respetar las licencias actuales siempre que se establezcan normas democráticas y un criterio federal para otorgar las nuevas licencias. Esto se podría llevar a la práctica en la medida en que la futura autoridad de aplicación, el futuro Comfer, sea una institución pública no gubernamental”.[40]

FINANCIAMIENTO Y PUBLICIDAD

Las fuentes de financiamiento de los titulares de servicios comerciales de radiodifusión provienen del mercado publicitario. En este rubro es necesario regular el financiamiento, garantizando y promoviendo la producción nacional, y controlando que el tiempo de emisión no interfiera en los contenidos programáticos de las transmisiones.

“Los servicios previstos en esta ley implican derecho a emitir publicidad, bajo las siguientes condiciones:

-Los avisos publicitarios deberán ser de producción nacional cuando fueran emitidos por televisión o radiodifusión abierta o en los canales o señales propios de los servicios por suscripción o insertos en las señales nacionales;

-En el caso de servicios de televisión por suscripción, sólo podrán insertar publicidad en la/s señal/es  propias”.[41]

“ El tiempo de emisión de publicidad queda sujeto a las siguientes condiciones:

-Radiodifusión sonora: hasta un máximo de catorce (14) minutos por hora de emisión;

-Televisión abierta y por suscripción: hasta un máximo de doce (12) minutos por hora de emisión por señal:

-En los servicios de radiodifusión por suscripción cuando se trate de señales que llegan al público por medio de dispositivos que obligan a un pago adicional, no podrán insertar publicidad”.[42

El Estado en los casos de las Organizaciones de la Sociedad civil sin fines de lucro – previo análisis del proyecto comunicacional sostenido y su viabilidad técnica – tendrá que generar condiciones financieras (exenciones impositivas, desgravaciones, facilidades crediticias, etc) para facilitar la implementación de la propuesta comunicacional.

En cuando al sistema de medios públicos en un país como el nuestro con múltiples necesidades de vastos sectores de su población, es necesario imaginar un sistema de medios públicos cuyo financiamiento no sea limitado al tesoro nacional. Un sistema mixto de financiamiento puede ser el más ajustado en este momento histórico. Los aportes del presupuesto público son insoslayables, pero en esta etapa,  es imperioso anudar una serie de mecanismos.

Es posible pensar formas de financiamiento múltiples, donde haya  recursos provenientes del: presupuesto nacional; porcentajes pautados de la publicidad oficial; contribuciones transparentes y auspicios de empresas y fundaciones; recursos surgidos por la producción de contenidos culturales en calidad de coproducción,  con el sector privado y organizaciones civiles de la comunidad; cuotas derivadas de los porcentajes que los titulares de los servicios de radiodifusión abonan al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER); y finalmente, todo tipo de donaciones y subsidios claros y transparentes, que no alteren el funcionamiento autónomo de los medios públicos.[43]

A MODO DE CIERRE

A partir de éstas líneas se espera aportar algunas ideas que promuevan el debate y la discusión sobre las políticas públicas de comunicación, la radiodifusión y los medios públicos. Una democracia con más calidad y densidad institucional, debe tener entre sus pilares esenciales: el concepto de comunicación como un bien público y social; la vigencia del derecho a la comunicación como fundamental para constituir ciudadanía comunicativa; y un sistema mediático público, social y privado, que se caracterice por su diversidad, pluralidad y calidad.

Una comunicación pública con Órganos y Estatutos de aplicación democráticos  e independientes de los gobiernos de turno,  administrados y gestionados en forma pluralista en términos políticos, sociales, culturales y regionales.

Es urgente, sumar esfuerzos, articular intereses entre distintas organizaciones públicas y privadas,  que aspiren a una radiodifusión nacional con sentido federal, integrada por múltiples voces y que propenda a profundizar el sistema democrático. La dispersión de fuerzas garantiza el mantenimiento de las desiguales posibilidades de acceso y producción de bienes culturales, y también inhabilita pensar e implementar una  comunicación de servicio público.

La concreción de estos objetivos requiere ineludiblemente de la participación protagónica de la sociedad civil y de la reconstrucción del Estado argentino:

Señores, sin Estado no habrá cultura nacional. Sin cultura nacional no habrá país. O habrá un territorio sin identidad”. “Y para eso necesitamos cineastas, escritores, dramaturgos, plásticos. Seamos claros, incluso, dramáticos: la tarea es urgente. Películas argentinas –dispares pero valiosas todas- como la de Rejtman, como la de Campanella o como la inminente Ay, Juancito de Héctor Olivera son arrasadas por monstruos imperiales como Harry Potter y el prisionero de no sé donde mierda que se estrena en 164 pantallas. El jovencito Potter les cierra las bocas de salida a nuestros films. Los escritores jóvenes no pueden publicar porque las empresas editoriales son multinacionales y reacias a “lo nuevo”, pese a la presencia en ellas de editores heroicos, valiosos. La cultura no es un lujo, no es superflua. Es la creación y la búsqueda permanente de una identidad, de un rostro propio.

Hay que alimentar a los hambrientos, hay que luchar contra la pobreza. Con todo y a fondo. Pero sería triste llegar a ser un pueblo alimentado y hasta próspero y escuchar decir a los antiguos famélicos: “Ya no tengo hambre, pero no sé quién soy ni en que país vivo”. Entonces enciende la tele y pone la CNN para averiguarlo”[44]

Abril de 2009

DECANO FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y R.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

PRESIDENTE DE LA RED DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Lic. Fabián Bicciré


[1] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 2. PG. 45.

Para ampliar profundamente estos conceptos  VER  Artículo N° 2 y 3.  PG: 45 y 46.

[2] Nora Rabotnikof “Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración”, en Revista Internacional de Filosofía Política. Noviembre de 1993. PG: 86. N°2. UAM Y UNED. Madrid.

[3] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo n° 40. Pg. 89. Ampliar concepto VER Nota Artículo 39 / 40. Pg: 89.

[4] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 12. Puntos i) y l). Pg. 60 y 61. Ampliar concepto VER Artículo 12. Desde Punto a) hasta t). Pg: 60, 61 y 62.

[5] Presidencia de la Nación. Propuesta de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Nota Artículo N° 38. Pg. 87. Ampliar conceptos VER. Pg. 87 y 88

[6] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley”Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Nota Artículos N° 4 al 7. Pg: 58.

[7] Presidencia de la Nación Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Nota Artículo N°1. Punto 8. PG: 42.

[8] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Nota Artículo N°1. PG: 41, 42,43,44

Para ampliar profundamente estos conceptos VER  Notas Artículos 2 y 3. Pg: 46 y 47.

[9] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 77. Punto F). Pg: 112.

[10] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. VER Justificación Conceptual en Nota Artículo 21. Pg: 70 y 71.

[11] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 28. Pg: 79. Para ampliar con jurisprudencia a nivel internacional VER Nota Artículo 28. Pg: 79,80 y 81.

[12] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 33. Pg: 83. Para ampliar los fundamentos VER Nota Artículo 33. Pg: 83.

[13] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 34. Pg: 84. Ampliar VER. Nota Artículo 34. Pg: 84.

[14] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. CUADRO COMPARATIVO. Pg. 12, 13,14 y 15.

IMPORTANTE. Para ampliar información. VER Artículos 38 y 40. Nota Artículo 38. Nota Artículo 39 y 40. Pg: 86, 87, 88 y 89.

[15] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009.Artículo 56. Pg: 95 y 96. Para conocer en detalle la propuesta sobre este central aspecto.  VER Nota: Artículo 56. Pg: 96 y 97.

[16] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 26. Pg: 78. Ampliar VER Nota Artículo 26. Pg: 78.

[17] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 77. Pg: 111. Ampliar sobre (RTA S.E.) VER Artículo 104. Nota Artículos 104 y subsiguientes. Pg: 128 y 129.

[18] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009.  Artículo N° 77. Punto d). Pg: 112.

[19] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N°130. Pg: 140. Ampliación de conceptos. VER Artículo 130 hasta 135.

[20] Boaventura de Sousa Santos “La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la Universidad”. Editorial Miño y Dávila. Marzo de 2005. Pg: 55.

[21] Mollis, Marcela (2003). “Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas”, en Marcela Mollis (Compiladora). Pg: 212: “Las Universidades en América Latina: ¿Reformadas o alteradas?.

[22] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 133. Pg: 141.

[23] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 119. Pg: 136.

[24] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 57 y Nota Artículo 57. Pg: 98.

[25] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 59. Pg: 100. Para ampliar VER Artículo 59 y Nota Artículo 59. Pg: 100 y 101.

[26] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 65. Pg: 103. Profundizar disposiciones VER Artículos 65, 66, 67 y 68 y Nota: Artículos 66 y subsiguientes hasta 68. Pg: 103 a 105.

[27] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 106. Puntos a) hasta i). Y Puntos 1) hasta 9). Pg: 130 y 131.

[28] Diario Página 12. 20/06/04. Suplemento RADAR. “La Gran siete”. Julio Nudler.

[29] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 136. Pg. 142. Profundización de la disposición VER Artículo 136 y Nota Artículo 136. Pg: 142 y 143.

[30] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N°58. Pg: 98. Para ampliar la disposición VER Nota  Artículo 58. Pg: 99.

[31] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículos 13,14 y 18. Pg. 62, 63 y 67.

[32] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículos 15 y 16.  Pg: 63 y 64.

[33] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 17. Pg. 65 y 66.

[34] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 108. Pg: 131 y 132.

[35] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículos 115 y 116. Pg: 134.

[36] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo 118 Puntos a) hasta k). Pg: 135 y 136.

[37] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. Servicios de Comunicación Audiovisual. Marzo de 2009. Artículos 10 y 20. Pg: 68 y 69.

[38] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Notas Artículos N° 2 y 3. Punto 6. Pg: 48.

[39] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Nota. Artículo 80. Punto segundo. Pg: 114.  Ampliar los conceptos. VER Artículos 80 y 81. Nota Artículo 80. Pg: 114, 115 y 116.

[40] Lorca, Javier “Las frecuencias nos pertenecen a todos”. Diario Página 12. Buenos Aires. Argentina. Pg: 11. 27/4/2008.

[41] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley. “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 69. Pg: 106. Ampliar al respecto VER Artículo 69.  Pg. 106 y 107.

[42] Presidencia de la Nación. Propuesta de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 70. Pg: 107. Ampliar al respecto VER Artículo 70 y Nota Artículo 69 y 70. Pg: 107 y 108.

[43] Presidencia de la Nación. Propuesta de Proyecto de Ley “Servicios de Comunicación Audiovisual”. Marzo de 2009. Artículo N° 120. Pg: 136.

[44] “En defensa de la cultura”. J.P. Feinmann. Diario Página 12. Pg: 14. 6/6/04.

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